A partir del lunes 20 de abril, comenzará a aplicarse la ley de acceso a la información pública, por lo que todos los organismos del Estado y también los autónomos, como las municipalidades, deberán publicar las nóminas de sueldos y beneficios de todos sus trabajadores.

Además, las entidades estarán obligadas a responder a las consultas de la gente, pues como dijo la Presidenta Michelle Bachelet, contribuirá a que la ciudadanía adquiera protagonismo al momento de pedir cuentas.

"Mi llamado precisamente es a utilizar(la) como ciudadanos responsables, (ya que) es una ley para mejorar las cosas, no para iniciar una cadena de agravios", precisó la Mandataria.

"Con esta ley deberían ir quedando en el pasado las denuncias al boleo o las dudas a priori sobre la honorabilidad de las personas con tal de ganar atención en los medios, porque ahora todos los ciudadanos van a tener la posibilidad de informarse", señaló.

No obstante, la aplicación de la norma ya genera problemas en las municipalidades, pues muchas no cuentan con los medios necesarios, como por ejemplo una página web, por lo que la Asociación Chilena de Municipalidades pidió que se aplique un período de marcha blanca.

El vicepresidente del organismo y alcalde de La Granja, Claudio Arriagada, indicó que los principales problemas que se dan en 45 municipios se deben a la carencia de personal y recursos.

Ante esto, el secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, aclaró que algunos casos tendrán justificación.

"Obviamente que si hay circunstancia especiales en algunos casos, pueden haber municipios muy aislados, que no tienen una facilidad de conexión rápida por internet, en esos casos podrá justificarse que hay un cumplimiento más gradual", comentó el ministro.

"Hemos también convocado a un diálogo para los efectos de conocer cuáles son las necesidades que tienen los municipios y cómo poder colaborar y ponernos a disposición para avanzar", explicó por su parte, el presidente del Consejo para la Transparencia, Juan Pablo Olmedo.

Otro punto que preocupa a los municipios es la entrega pública de la información sobre los beneficiados de programas de ayuda.

"No entregar la información de las personas que por ejemplo reciben subsidio del Estado y son portadores de VIH Sida, las personas que están en rehabilitación de cocaína, cuyos familiares no saben que están en esos tratamientos y asumir las consecuencias", pidió el edil.